Naufragios aéreos, por Jesús Torbado

El cerrojazo sin previo aviso de Spanair causó molestias y perjuicios graves a miles de personas, pero no inquietud a sus responsables.

Jesús Torbado
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Foto: Raquel Aparicio

A las pocas horas del cierre súbito y bananero -como lo definió un político local- de Spanair, el pasado enero, supimos todos quiénes eran los culpables. No unos políticos soberbios y torpes, no unos directivos arribistas y voraces pagados con oro puro, sino los pasajeros con su billete en mano a los que se cerró la puerta en el último minuto. Por allí brujuleaban sin rumbo, como tantas veces, en tantos aeropuertos: las maletas bien cerradas, los niños cansados, las protestas no escuchadas, las leyes pisoteadas, el silencio.

No es milagroso en el negocio de la aviación civil que una compañía quiebre por razones financieras o una mala gestión, incluso compañías grandes y poderosas, como la vieja ilustre TWA, la rica Swissair, la Canada 3000... En el pasado noviembre se hundía en la bancarrota nada menos que American Airlines. Naufragios repentinos o muy largamente anunciados, naufragios que arrastran a trabajadores inocentes y a empresas de todo género. Los misteriosos secretos de las grandes economías llenan de ruido las páginas impresas, las radios y los televisores.

En España, hace año y medio se fue a pique Air Comet; ahora los jueces desenredan cuentas de sus propietarios y consideran que uno de ellos, Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE y dueño del grupo Marsans, se quedó con dinero. Él y su socio, Gonzalo Pascual, se habían asignado un sueldo en esa compañía de casi medio millón de euros. Un tal Ferrán Soriano, futbolero barcelonista y sacador de mucho pecho, cobraba de Spanair trescientos mil, pero nunca se quedó tirado en un aeropuerto, como miles de sus clientes.

En Air Madrid ocurrió algo semejante y aquella desdicha sucedida en la Navidad del año 2006 se cebó sobre todo en miles de emigrantes que iban o venían de Suramérica. El responsable era un hostelero mallorquín de mucha ambición llamado José Luis Carrillo y la heroína de aquella vigorosa chapuza fue la inolvidable ministra Magdalena Álvarez, a la que, pese a haber sido objeto de chanzas en todo el país por su comportamiento y sus necias decisiones políticas, su partido premió por el desastre navideño con un importante cargo en la banca europea (y un sueldo añadido de veinte mil euros mensuales). Fueron unos ciento veinte mil los pasajeros afectados por aquella hazaña política y económica, y todavía cinco años después se empezaba a devolver dinero de los billetes cobrados.

El caso de Spanair está todavía en vilo. El cerrojazo sin previo aviso causó molestias notables y perjuicios graves a miles de personas, pero no mucha inquietud a sus responsables. Los políticos de la Generalidad de Cataluña (ente político que poseía el 80 por ciento de la empresa, junto al Ayuntamiento barcelonés) se limitaron a echar la culpa a los españoles en general y a "la caverna" de Madrid, como suelen hacer siempre. Incluso con la sospechosa condescendencia de la nueva ministra de Fomento, que aplaudió a los políticos y anunció terribles multas en el vacío. No supieron ellos gobernar una compañía aérea de tamaño medio y que contaba con la simpatía general cuando estaba asentada en Palma de Mallorca, y hasta el accidente de Barajas de agosto de 2008, pero enseguida echaron la culpa a los demás. Las víctimas no eran ellos ni el club de directivos ineptos y bien pagados, sino la gente que se quedó hundida en el naufragio que ellos provocaron.

El nacionalismo irredento de los políticos de CiU y sus apoyos laterales (pues los principales impulsores de la hazaña fueron Pujol y el socialista Montilla) había pretendido poseer una línea aérea "nacional", convertir el aeropuerto de El Prat en el tercero de Europa después de arrinconar a Barajas y tejer una red de aviones catalanes -aunque con un nombre tan inadecuado como Spanair, que habían inventado los suecos en 1986-, aviones de nueva bandera e idioma propio que tejieran una red por todo el mundo. Naturalmente, financiados, subvencionados por los contribuyentes, aun contraviniendo las leyes europeas de la competencia.

Por esos mismos contribuyentes que, a finales de enero, miraban cariacontecidos e incrédulos los avisos de Cancelled en sus paneles de vuelo, y a los que nadie tuvo la vergüenza de avisar previamente para ahorrarles desdichas. Parece que no es esta la vía mejor para que un estupendo aeropuerto -el que todos los españoles pagamos-, o un territorio quejica, consigan su soñada independencia.