¿Cobrar al turista por entrar a las playas? Un alcalde asturiano ya lo propuso hace 26 años

A punto de enfilar el verano de 1998, el entonces alcalde de Gozón, Francisco Roces, lanzaba una idea que generó controversia, pero que abrió un debate que hoy continúa en Asturias: el cobro a los turistas para sufragar el incremento del gasto en los servicios que suponen. El entonces regidor popular anunció que el Ayuntamiento se planteaba cobrar por el acceso a las playas del concejo, ya que los recursos municipales eran escasos para todo el mantenimiento en limpieza, vigilancia y otros servicios que requerían. Pedía colaboración a municipios del interior, cuyos vecinos acudían (y acuden) en masa a las playas gozoniegas. "Llegará un día no muy lejano en que ayuntamientos modestos como el de Gozón no puedan prestar servicios básicos a sus ciudadanos por falta de presupuesto", advirtió.

No tuvo mucho éxito en su demanda y tampoco llegó a cobrar entrada por disfrutar de los arenales, pero puso sobre la mesa un asunto que aún colea: el modelo de financiación de la administración local para que disponga de los recursos necesarios para hacer frente a todas las necesidades que se generan. Un asunto ahora de plena actualidad porque el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado que permitirá a los concejos cobrar una tasa.

El de Gozón fue el primer precedente, pero no el único. Pocos años después, recién estrenado el nuevo siglo, el Ayuntamiento de Muros de Nalón pidió por carta a los de Pravia y Grado, además de a varias empresas del Bajo Nalón, ayuda económica para el mantenimiento estival de la playa de Aguilar, destino tradicional de los vecinos del interior de la comarca y una de las de mayor afluencia de todo el Principado. "Hay que tener en cuenta que nuestros presupuestos son muy limitados y, por eso, se deberían arbitrar una serie de ayudas. Pienso en todo caso que debería plantearse una ley a nivel regional para el mantenimiento de playas", reclamaba el socialista José Manuel Alonso. "La playa no es gratis", sentenciaba en 2013 el entonces regidor de Villaviciosa, José Manuel Felgueres (PP), agobiado por el gasto que le generaba la gestión de Rodiles. Avisaba el ahora diputado en la Junta de que el 90% de los que disfrutaban del arenal maliayés eran de fuera y que el gasto por mantenerlo en buenas condiciones costaba a las arcas municipales unos 200.000 euros al año. Cobrar por aparcar fue la fórmula elegida por Villaviciosa para obtener recursos. Pero algo que hoy en día se asume como normal en la mayoría de las playas no estuvo exento de polémica entonces.

No se ha puesto ahora el grito en el cielo, pero sí se ha generado intenso debate en Asturias ante la posibilidad de aplicar una tasa sobre el turismo o ecotasa (habría matices entre una y otra), la fórmula ahora de moda para tratar de obtener más recursos para hacer frente a la presión turística y también reducir el impacto medioambiental de la masificación. No es una idea nueva en la región, de hecho meses atrás el presidente del Gobierno, Adrián Barbón, ya la abordó muy por encima con los ayuntamientos. Pero ha vuelto a ponerse en el foco después de que el primer (y único de momento) gran atasco del verano para entrar y salir de las playas, el pasado domingo 11 de agosto, haya hecho saltar las alarmas ante la posibilidad de que en un futuro cercano aparezca un Paraíso Natural masificado y lleno de turistas que huyen en masa de los excesivos calores del Sur y el Mediterráneo.

En el Principado, el PSOE e IU, no tienen una postura común y la tasa turística divide. IU impulsó el debate al inicio de esta semana, al salir el diputado Xabel Vegas con una propuesta que presentará en la Junta en septiembre: aplicar un canon obligatorio a nivel regional, a cobrar a través de los alojamientos. El PSOE mantiene, como dijo la vicepresidenta Gimena Llamedo, que la tasa debe ser municipal, voluntaria si un ayuntamiento lo considera necesario, al que se ayudará a buscar la fórmula jurídica idónea para aplicarla. No obstante, a principios de este verano, la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, cerraba de manera tajante en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA cualquier posibilidad de ello: "La tasa turística no está en los planes, Asturias no es un destino masificado".

Con todo, el debate político estalló y dejó ver la división entre izquierda y derecha. PP, Vox y Foro son críticos con aplicar más cargas fiscales a los ciudadanos. Los empresarios tampoco lo ven bien y la patronal del sector, Otea, considera que una tasa no conllevaría ningún beneficio y sí perjuicios, ya que advierten de que sería disuasoria. Además, el presidente, José Luis Álvarez Almeida, opina que, de ser una ecotasa, es decir, con el objetivo también de destinar fondos para reducir la huella ambiental, no solo el sector turístico tendría que asumirla.

Y al final de la cadena están los concejos, los que gestionan el flujo de turistas y que, más allá del color político de sus alcaldes, lo que les une son la singularidad de los territorios. Los concejos pequeños, con recursos limitados, pero con gran presión turística, claman por vías de financiación que les ayude a soportar la factura disparada en verano, que se llega a duplicar en algunos servicios.

El debate está abierto en Asturias. Pero no es tan nuevo como parece.